San José, Costa Rica, 24 de noviembre de 2008. En Somalia en octubre de este año, Asha, una menor de 14 años, fue violada y acusada de mantener relaciones sexuales sin estar casada, condenada por un tribunal islámico a ser enterrada hasta el cuello y apedreada: la muerte por lapidación. Las milicias abrieron fuego contra la población que trató de ayudar a la niña cuando gritaba su inocencia, seis personas resultaron heridas y mataron a un niño. Es lamentable que en pleno siglo XXI persistan actos de violencia extrema contra las mujeres, invocando “prácticas culturales o religiosas”, que violan gravemente sus derechos humanos y que son una demostración absurda y salvaje de brutalidad y perversión. La Organización de Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que esas prácticas y toda forma de castigo corporal, son contrarias a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
El continente americano también enfrenta grandes desafíos en la materia, pues siguen vigentes diversas formas de discriminación que afectan y menoscaban el reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos de la mitad de la población. Las sociedades legitiman la muerte de las mujeres por parte de su pareja como un “crimen pasional” y no como un femicidio; existen todavía en algunos países, disposiciones jurídicas o prácticas que eximen al agresor de actos de violación, si contrae matrimonio con la víctima como “reparación del honor”. La prevención, sanción y erradicación de todas las manifestaciones de violencia –física, sexual, psicológica, patrimonial– es un deber de los Estados, así como de la sociedad.
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